Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y beneficiar. La corrupción ha ocupado la atención de la sociedad española, contribuyendo incluso a derribar a gobiernos como los de Alejandro Lerroux con el escándalo del estraperlo y el asunto Nombela o los de Felipe González por el caso Filesa o el caso Roldán. No obstante, la corrupción política ha sido una constante desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hasta nuestros días, pervirtiéndose el sistema democrático y debilitándose la confianza de la Sociedad en sus representantes públicos.
domingo, 8 de noviembre de 2015
Efectos económicos de la corrupción
España baja hasta el lugar 31 en el ranking anual de la honestidad de los países. En
España, los ciudadanos no afrontan ni sancionan suficientemente el
fenómeno de la corrupción, como muestran los últimos resultados
electorales, en los que los políticos imputados por casos de corrupción
han salido ilesos y mayoritariamente reelegidos. Ante esa laxitud social frente a la corrupción, vamos a recordar aquí algunos de sus muy negativos efectos económicos. Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como "utilización de
un cargo público en beneficio propio", hemos de tener presente que los
altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio
en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto
implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las
decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van
acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad o de la seguridad.
Supuesta trama de corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular
(PP), que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el
caso), y que pasó después a ser investigado por los Tribunales
Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.
Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la 'causa de los trajes'), y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas,
que tiene 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza, según
probó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), aunque él dijo
en sede judicial que llegó a tener unos 38 millones. El cálculo de esta
trama estima en 120 los millones de euros robados y 48 los millones blanqueados.
Caso Nóos (Baleares)
Es
una pieza separada del Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el
supuesto desvío al Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin,
de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares
y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por
el duque de Palma. Según Hacienda, el Instituto Nóos habría facturado en
total 16 millones de euros provenientes de 103 administraciones
públicas y organizaciones ajenas.
En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en
Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas. La
Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres,
los dos principales acusados, una fianza de 8.189.448 euros en concepto
de responsabilidad civil derivadas de las condenas que les podrían
imponer por este caso. El juez ultima la instrucción, que no tiene
todavía fecha de juicio.
Operación Malaya (Marbella) Investiga
una presunta trama de corrupción urbanística y municipal
descubierta en el municipio de Marbella, en la que se ha calculado que
se robaron 500 millones de euros y se blanquearon otros 680 millones.
Supuso por primera vez la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y
la asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por una
gestora hasta las elecciones de 2007. En esta operación se juzgó desde septiembre de 2010 a 95 personas
supuestamente implicadas en la mayor trama de corrupción en un
ayuntamiento español, entre ellas, al exalcalde Julián Muñoz y al cerebro de la trama y exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.
En esta operación además se bloquearon mil cuentas y se intervinieron
bienes valorados en 3.000 millones de euros. Actualmente está pendiente
de sentencia.
Caso de losERE (Sevilla)
El
caso saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece
abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y cuatro de ellos
llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo
fianza. Entre los imputados están el exconsejero de Empleo Antonio
Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos
exdelegados provinciales de Empleo. La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz
de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a
empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de
subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó "fondo
de reptiles", que habría contado con al menos 695 millones de euros de
dinero público. Se estima que el fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas.